El Congreso de Estados Unidos dio luz verde a la Ley Laken Riley, una legislación que exige la detención de inmigrantes no autorizados acusados de robo y delitos violentos. La norma lleva el nombre de Laken Riley, una estudiante de enfermería de Georgia asesinada el año pasado por un ciudadano venezolano, y se perfila como la primera ley que el presidente Donald Trump podría firmar tras su regreso al poder.
La Cámara de Representantes aprobó el proyecto con 263 votos a favor y 156 en contra, logrando un respaldo bipartidista inusual en un tema históricamente divisivo. Este resultado refuerza la agenda de Trump para endurecer las políticas migratorias y refleja el giro hacia la derecha en el debate político tras su victoria electoral.
Un cambio en la política migratoria
La senadora republicana Katie Britt, de Alabama, calificó la legislación como “quizá la más importante en materia de inmigración en tres décadas”. Britt aseguró que, durante años, el Congreso había sido incapaz de alcanzar acuerdos efectivos en cuestiones fronterizas y destacó la urgencia de la medida.
La ley exige la detención de inmigrantes acusados de delitos como hurto o agresiones que resulten en lesiones o muertes. Además, otorga a los estados facultades para impugnar decisiones federales de inmigración, incluyendo las emitidas por jueces.
Sin embargo, el proyecto enfrenta críticas por no incluir financiación adicional para su implementación. Según estimaciones de la Comisión de Asignaciones Presupuestarias, la ley requeriría 83.000 millones de dólares en los próximos tres años. El Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) calcula que necesitaría triplicar la capacidad de camas en centros de detención y realizar más de 80 vuelos de deportación semanales para cumplir con los nuevos requisitos.
Apoyo y críticas
Donald Trump defendió la aprobación de la ley como una medida necesaria para proteger a los ciudadanos estadounidenses. “No queremos que criminales entren a nuestro país”, declaró el presidente, enfatizando su compromiso con la seguridad nacional y su intención de revertir las políticas migratorias de su predecesor, Joe Biden.
No obstante, los críticos advierten que la ley podría generar caos en el sistema migratorio y desviar recursos de problemas más urgentes. La senadora demócrata Patty Murray expresó preocupación por los costos y las implicaciones legales. “Es una ley que socava el debido proceso, castiga a los inmigrantes legales y crea más incertidumbre en nuestra política migratoria”, afirmó.
Un futuro incierto
La implementación de la Ley Laken Riley depende ahora de que el Congreso logre asignar los recursos necesarios, un desafío que podría intensificar las divisiones partidistas. Mientras los republicanos buscan utilizar el proceso de reconciliación presupuestaria para aprobar los fondos, los demócratas se preparan para dar batalla.
El debate sobre esta legislación promete ser un punto de inflexión en la política migratoria estadounidense, con implicaciones profundas para millones de personas y el sistema de inmigración del país.