El presidente colombiano se prepara para someter a votación su reforma laboral, uno de los cambios principales que ha deseado hacer durante su mandato y que se vio rechazado por el legislativo, órgano al que Petro acusa de obstruir sus proyectos de ley.
El presidente Gustavo Petro eligió el 1° de mayo, Día internacional de los trabajadores, para radicar ante el Congreso la consulta popular que busca reformar el sistema laboral. El mandatario colombiano decidió poner su proyecto de ley ante las urnas, luego de que este fuera rechazado por segunda vez en el Congreso, en marzo pasado.
Ahora, además del Legislativo, el gobierno es objeto de críticas por parte de los empresarios que temen el impacto económico sobre las micro, pequeñas y medianas empresas, que representan más del 90% del empleo formal en el país.
En entrevista con RFI la economista Diana Salcedo, subdirectora de empleo y seguridad social del Departamento Nacional de Planeación, aseguró que los que se oponen son quienes sacan ventaja del sistema.
“Si le preguntamos a los colombianos de a pie si están de acuerdo con que la jornada laboral dure máximo ocho horas, que el día termine a las 6 de la tarde, que se les pague con un recargo del 100% en un día festivo, o que los aprendices tenga un contrato laboral, por supuesto que van a decir que sí. Donde se ha generado la mayor oposición es en los sectores que tradicionalmente han estado interesados en retirar derechos a los trabajadores para abaratar los costos de producción y tener más ganancias”, aseveró Salcedo.
La Federación Nacional de Comerciantes Fenalco advierte que este sector enfrentaría sobrecostos laborales de hasta 30% y califica dicha reforma de inconstitucional por, por ejemplo, no contar con un análisis fiscal. Pero el desafío del gobierno no es solamente en el Congreso o con los empresarios, sino también con la participación electoral que ha sido históricamente baja.
“Colombia históricamente es un país que ha sufrido mucho por el tema del abstencionismo. Entonces nos corresponde invitar a la población a que tengan una participación alta en las consultas. El reto es enorme, pero no es la primera vez que Colombia enfrenta este tipo de desafíos” agregó la economista.
Para que una consulta sea válida en Colombia se debe contar, como mínimo, con la tercera parte de los electores que componen el censo electoral, es decir, 13,6 millones de personas.